- Informe expresa que Ministerio quedó en clara desventaja ante donador que revocó licencia de uso
- Auditoría afirma que datos policiales no estuvieron comprometidos y sistema se puede comercializar
(CRHoy.com) La Auditoría General del Ministerio de Seguridad Pública reveló una serie de irregularidades que se presentaron durante la donación de un software que permitía la consulta de datos del Programa Regional Antidrogas (PRAD).
El informe se hizo, luego de que el Ministro Michael Soto solicitara en julio del 2020 que se investigaran los parámetros de la donación del sistema que daba acceso inmediato al Archivo Policial, pues habían diferencias con los donadores y ellos decidieron bloquear a las autoridades de seguridad.
En setiembre pasado, CRHoy.com dio a conocer la existencia de esas diferencias por la licencia del software que obligó a la entidad a desarrollar un nuevo sistema informático.
Cabe señalar que la Auditoría concluyó que los datos policiales siempre estuvieron resguardados y no se vieron comprometidos por medidas de contingencia aplicadas. Además, detalla que como el sistema no le pertenece al Ministerio, se puede comercializar, sin que esto signifique que las bases de datos policiales sean accedidas por terceros.
“Se determinaron una serie de debilidades de control interno, relacionadas con el proceso de donación del software; concretamente en aspectos relacionados con la valoración técnica del proyecto, la firma de documentación oficial por parte de personas ajenas al Ministro de ese momento, la no consideración de lo concerniente en materia a los derechos de autor y propiedad intelectual, los riesgos propios del proceso de mantenimiento preventivo y soporte técnico del programa, la suspensión unilateral de la donación y la seguridad de los datos que soportan al sistema de información bajo análisis”, señaló el informe.
Entre las cosas más llamativas es que la responsabilidad del programa cayó sobre el Sargento Alexander Gamboa, director del PRAD, quien afirmó tener el aval verbal del exdirector de la Fuerza Pública, Juan José Andrade para formalizar la donación, así como un documento escrito que no fue entregado a la Auditoría.
De igual manera, Gamboa fue la persona que firmó un acuerdo de confidencialidad con el donante, pero eso le correspondía al máximo jerarca, quien en su momento era Gustavo Mata. A Gamboa también se le señala por no consultar a la Asesoría Jurídica a la hora de recibir la donación y en la firma del acuerdo de confidencialidad.
Asimismo señala que el acuerdo de donación se hizo con solo una persona, pero al parecer existen 2 copropietarios del sistema, por lo que hay vacíos legales. La licencia de uso de ese sistema se revocó unilateralmente el 23 de mayo del 2020 amparado en la cláusula C del acuerdo de donación.
“El mantenimiento del sistema en forma GRATUITA y VITALICIA, siempre y cuando el Ministerio de Seguridad Pública me brinde las facilidades para realizar el mantenimiento”.
A continuación la imagen con la que se bloqueó el sistema a las autoridades nacionales:
Conclusiones claras
En el informe se dan 11 conclusiones que señalan las debilidades y originan las recomendaciones de mejora que deben implementarse en los periodos establecidos. Entre los aspectos que se determinaron también resalta que la donación se hizo sin observar los requerimientos que exige el marco normativo y técnico.
Asimismo, se expresa que la Dirección de Tecnologías de Información no advirtió sobre riesgos de no tener la propiedad intelectual ni de la imposibilidad de asumir el mantenimiento y se manifiesta que el Ministerio quedó en clara desventaja.
“Las actuaciones del PRAD y de la DTI durante el proceso de adquisición del “software PRAD”, expusieron al Ministerio de Seguridad en una situación de desventaja en la negociación con el donador; dado que, el primero fue completamente dependiente del segundo, en cuanto a la tenencia del programa y su mantenimiento; sucediendo que cuando el desarrollador quisiese retraer la donación (tal y como sucedió), dejase en indefensión desde el punto de vista operativo y técnico al Ministerio de Seguridad Pública”, señala el informe.
El informe completo puede ser consultado Aquí (dar clic)
Seguridad: tenemos un sistema nuevo
El viceministro Randall Vega explicó que ya se giraron los ajustes solicitados por la auditaría y ahora los cuerpos policiales ya cuentan con un nuevo sistema que sustituye al sistema PRAD.
“Ya no dependemos de ese sistema. Fue funcional, pero no era la herramienta idónea. La Dirección de Tecnología desarrolló un nuevo sistema… No se tomaron acciones legales”, comentó.
Vega detalló que las recomendaciones de la Auditoría fueron tomadas como de recibo.
